La figura del corredor público va ganando terreno en el ramo de los bienes raíces, pues aunque esté relacionada con lo mercantil, puede recurrir a ella, por ejemplo, cuando requiera conocer el impacto fiscal de una transacción.

Sus funciones, sin embargo, son limitadas para tratar con ellos todos los aspectos de una operación.

Los notarios son los que protocolizan la compra–venta del inmobiliario y al momento en que tienen la circunstancia de que la persona física no tiene cómo comprobar la construcción que llevó a cabo, se apoyan para el avalúo y el impacto fiscal.

Además de valuación, sus funciones involucran arbitraje, intermediación y asesoría jurídica.

Y aunque compartan con los notarios el tener un sello y firma autorizada para dar fe pública, los únicos que están permitidos para elaborar escrituras son los fedatarios estatales.

Ellos pueden realizar prácticamente todo tipo de trámites.

Los tipos de gestiones que pueden hacer es llevar a cabo la obtención de certificados ante el Registro Público de la Propiedad y Catastro de libertad de gravamen y su valor actual, respectivamente.

También pueden realizar los procedimientos ante los departamentos de recaudación inmobiliaria en lo relativo a los impuestos, además de formalizar los regímenes de condominio y los contratos de fideicomisos lacionados con propiedades.

Las figuras tienen similitudes en la materia mercantil o corporativa, por ejemplo, cuando una empresa requiere hacer movimientos internos.

“Si yo soy arquitecto, ingeniero y quiero crear mi constructora o quiero crear mi inmobiliaria puedo ir con un notario o con un corredor público, es el mismo trato legal”, aseguran expertos.

Lo mismo pasa si se trata de una empresa de bienes raíces que necesita aumentar su capital para comprar más terrenos
El Senado de la República analiza la posibilidad de ampliar las atribuciones de los corredores públicos para poder formalizar operaciones de compra–venta particulares, además de las comerciales.

De aprobarse los cambios a la Ley Federal de Correduría Pública, ya que los costos y tiempo de la operación disminuirían, debido a una mayor competencia.

Hasta el momento, su papel en materia inmobiliaria más conocido es el de valuación, se reconoce, pues se ha vuelto común que soliciten este servicio.

La ventaja que tiene el avalúo del corredor público es que está reconocido para efectos fiscales.