Las intervenciones de Beatriz Paredes y de César Nava fueron, tenían que ser, atrevidas y agresivas, y generaron discusiones laterales donde no faltaron los despropósitos, las expresiones torpes y hasta insultantes pero que al mismo tiempo plantearon temas de fondo que no pueden soslayarse.
Con beatitud aun más falsa que la de quienes se persignan al oír malas palabras o se topan con imágenes obscenas, se ha alzado un clamor que denuesta el debate político en San Lázaro, como parte de un embate sostenido contra los poderes establecidos, practicado en los fácticos en su provecho.
La vulgaridad de las invectivas diputadiles no es mayor que la de muchos programas de entretenimiento y los anuncios de la televisión comercial.
La descalificación a los diputados incluye una suerte de añoranza de los tiempos idos en que los legisladores eran mansas ovejas metidas en su redil por un pastor.

César Nava propuso, y Beatriz Paredes y Enrique Peña Nieto aceptaron, someterse a la prueba del polígrafo, el detector de mentiras, para evidenciar quién falta a la verdad en torno al pacto destinado a impedir las coaliciones electorales en el estado de México en el proceso del año próximo, en beneficio del actual gobernador, que no dará un paso más adelante si no logra conservar para el PRI el Poder Ejecutivo estatal.
Nava ha sostenido que, sin incluirlo en el texto, el PRI se comprometió a aprobar la legislación fiscal para este año en términos que convinieran al gobierno federal, a los proyectos del presidente Calderón.
Beatriz Paredes niega que haya habido tal compromiso.
Los datos laterales conocidos dan la razón al líder panista y no a la dirigente del PRI.
Basta citar la reiterada admisión del secretario Fernando Gómez Mont, testigo de honor (no de humor) del sentido último de ese convenio de colaboración.
Afirma el titular de Gobernación que se trató de preservar la gobernabilidad.
Esa meta tiene sentido sólo si se piensa que, más allá del contrato escrito, hubo una contraprestación ofrecida por Paredes en canje a la prestación explícita del PAN de atarse a sí mismo y no arreglarse con otros partidos a fin de derrotar más que al tricolor a Peña Nieto en particular.

Será socialmente útil tomar la palabra a los políticos que aceptaron medir su credibilidad.
La propia Cámara de Diputados, puesto que dos de los involucrados pertenecen a ella y en su seno se planteó la cuestión, debería ser el escenario y el mecanismo para la aplicación de la prueba poligráfica.
Sospecho que puestos ante la inminencia del examen los presuntos mentirosos desistirían de ser sometidos a la máquina de la verdad.
Merecería crédito, de origen, quien efectivamente acudiera al momento formalmente convocado de probar la veracidad de sus dichos.
Si el compromiso no prospera, tendremos derecho a no creer en las palabras de ninguno de los tres.

Habría que incluir en el examen de veracidad a los testigos de honor del pacto.
Gómez Mont está en entredicho porque en su afán de hacerse personalmente de la responsabilidad de lo ocurrido en beneficio de su jefe probablemente ha mentido respecto del momento en que puso a Calderón al tanto del asunto.
Y también respecto de su pertenencia al PAN, pues no figuraba en el padrón partidario por lo que quizá renunció a una organización de que no era miembro.
Citar a Luis Miranda Nava a la prueba mencionada serviría para hacerlo visible, pues hasta ahora es la figura más borrosa del cuarteto de Bucareli, sólo encargado de ir por los frapuchinos según la divertida farsa en que Juan Ignacio Zavala -cuñado del presidente Calderón- convirtió la solemne ceremonia en que fue suscrito el 30 de octubre pasado el pacto que ha dado lugar a la áspera discusión parlamentaria de esta semana.

Luis Enrique Miranda Nava habría firmado no sólo como representante de Peña Nieto, sino como eventual beneficiario del convenio mismo.
Su cargo de secretario de Gobierno y sus antecedentes lo colocan en puesto eminente con miras al proceso interno del que resultará el candidato priista al gobierno mexiquense.
Hijo de un presidente del Tribunal Superior de Justicia, fue secretario de Finanzas y Administración de Arturo Montiel, a cuyo enriquecimiento ostensible probablemente no fue ajeno.
Montiel reconoció que la compra de una casa en Tonatico -una de las muchas residencias que Reforma probó que posee en este país y fuera de él- fue adquirida en su nombre por Miranda Nava.
Los votantes de Toluca no quedaron convencidos de la honestidad de Montiel ni de la ajenidad de Miranda a sus maniobras y por amplia mayoría derrotaron al ahora testigo de honor del pacto de Bucareli.
En los comicios municipales de 2006, Miranda Nava sufrió una contundente derrota a manos de su oponente panista, que obtuvo 128 mil votos contra casi 86 mil del montielista.
En septiembre de 2007 Peña Nieto lo rescató de su condición de perdedor, y en abril pasado le otorgó el segundo cargo en la jerarquía estatal, en que ahora se halla, protegido al punto de que la mayoría priísta en la legislatura estatal rehusó que se presentara a aclarar ante los diputados locales su participación en el pacto.

Por su parte, el presidente Calderón aprovechó la sensación de repudio a los debates de la Cámara y pretendió colocarse por encima de la escaramuza, como si no estuviera directamente involucrado en sus causas.
El jueves hizo un llamado a dignificar la política, arenga que tendría sentido si él mismo no hubiera contribuido al abatimiento de los niveles de la discusión pactando directamente con Ulises Ruiz que no habría alianza en su contra en Oaxaca al mismo tiempo que pretendía obtener provecho de esa alianza al condicionarla a ser reconocido por el eventual abanderado de la coalición opositora, miembro de la corriente que ha considerado presidente legítimo a Andrés Manuel López Obrador y no a Calderón.

Un resultado lateral de las discusiones en San Lázaro fue la evidencia de que algunos diputados priístas comparten esa visión sobre el titular del Ejecutivo.
Tiene especial importancia, por su contundencia y por sus presuntas implicaciones, la posición que al respecto expresó Rubén Moreira, que es parte del 10 por ciento de los integrantes de la legislatura que la dirigen.
Es presidente de la Comisión de Derechos Humanos y acude con frecuencia a la tribuna.
No es un diputado del montón.
Dijo el miércoles 10, no en un exabrupto sino en un turno especialmente solicitado, que el presidente de la República "es espurio".
Antes había anunciado que su partido sacaría "adelante al país aun cuando Felipe Calderón lo quiera hundir.
Y para eso el PRI va a tender la mano a otras opciones políticas más responsables que Acción Nacional".

Había dicho también que "lo que mal inicia mal acaba.
El presidente Calderón inició mal, inició cuestionado sobre su legitimidad porque como dice el diputado (Gerardo Fernández) Noroña se robó la Presidencia de la República, se la llevó porque no era de él, porque no ganó, porque es cierto que es espurio el señor presidente de la República".

Más que la rotundidad de las palabras su probable significado es de gran relevancia.
Porque acaso Moreira estaba expresando la ruptura del pacto entre Elba Esther Gordillo y Calderón.
O un retiro abusivo de utilidades, como se hace en la Bolsa ante el riesgo de una caída.
¿Y qué tiene que ver la lideresa magisterial en este punto?, preguntarán los lectores.
He aquí hechos que tal vez avalen la hipótesis de que Gordillo percibe el naufragio de la nave calderonista y se apresta a abordar otra, la de su antiguo partido.
Quizá al suyo de ahora, el Panal, es "la opción política a la que el PRI tenderá la mano".

Cuarenta y ocho horas antes la presidenta del SNTE había rendido homenaje en Saltillo al gobernador Humberto Moreira, hermano del diputado Rubén, hermano de Carlos, líder de la Sección 38 del sindicato magisterial.
La liga de los Moreira y Gordillo se expresó el miércoles en San Lázaro.




miguelangel@
granadoschapa.
com


Si tiene usted comentarios
sobre esta columna escríbalos
a: editorial@elmananarey.
com.
mx